El previsible rechazo en el Congreso de los Diputados del decreto que contiene la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler (Junts tiene previsto votar en contra y el PNV ha confirmado que se abstendrá), que aprobó hace un mes el Gobierno, abre un escenario de inseguridad jurídica que enfrenta a inquilinos y propietarios de vivienda. Todos los expertos consultados coinciden en señalar que podría iniciarse una oleada de denuncias (en el sindicato UGT hablan de “avalancha”) por parte de los arrendatarios que ven cómo su casero no quiere prolongarles las condiciones de su actual contrato. El escenario, desde el punto de vista jurídico, es inédito.

Seguir leyendo...