Miles de inquilinos han solicitado en las últimas semanas la prórroga de su contrato de alquiler. Algunos, porque creían que su propietario no se lo renovaría. Otros, como los del número 37 de la calle de Riereta de Barcelona, porque ya han recibido un burofax de su casero para que abandonen su piso. Los sindicatos en defensa del colectivo han intensificado en las últimas 72 horas su presión sobre el PP y Junts per Catalunya para convencerles de que convaliden este martes en el Congreso el decreto ley que busca evitar que dos millones de inquilinos deban renegociar sus contratos cuando el contexto internacional empieza a perfilar otra ola de escalada de precios. Sin embargo, Junts ya anunció este lunes que no dará su brazo a torcer y tumbará la norma.

Seguir leyendo