La regularización extraordinaria de medio millón de migrantes residentes en España, junto con la incorporación del concepto de prioridad nacional en los programas de gobierno de las comunidades de Extremadura y Aragón han vuelto a situar la inmigración en el centro del debate político; una polémica agria, cargada de simplicidad y distorsión de la realidad. Así, Santiago Abascal, en pleno rifirrafe con algunos obispos, insistía en las dramáticas consecuencias de la inmigración para los españoles en cuestiones como servicios públicos esenciales y salarios.

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