Las administraciones públicas españolas se juegan hasta 16.000 millones, casi un punto del PIB, en litigios abiertos por empresas y particulares. A ellos hay que sumar varias sentencias desfavorables firmes que ya han costado al erario público más de 4.500 millones por, en algún caso, mala praxis legislativa. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elaborado un completo estudio sobre esta amenaza para el déficit público.

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