España va camino de incumplir la nueva regulación comunitaria para perseguir los delitos ecológicos. La Administración ya no está en condiciones de trasponer -en tiempo y forma- a la legislación española la nueva directiva europea relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal. A un mes para la finalización del plazo dado por la UE para adaptar esta directiva, esta actualización parece ya imposible pues el plazo límite acaba el 21 de mayo de este año.

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