El Gobierno firmó en septiembre de 2024 el último gran acuerdo en el que participan a la vez las patronales y los sindicatos. En los jardines de La Moncloa se selló el compromiso para, entre otras medidas, habilitar una herramienta para anticipar la jubilación en las actividades con más bajas y siniestralidad a cambio de un incremento de cotizaciones. La concreción de la medida llegó más tarde de lo previsto, pero el decreto fue finalmente aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025. Y la comisión que ha de estudiar cada solicitud también se formó más tarde de lo que prometía ese decreto, pero se compuso finalmente en octubre del año pasado. Ahora, más de seis meses después, el Ejecutivo vuelve a llegar tarde: con los plazos que marcaba el Boletín Oficial del Estado, la Seguridad Social ya debería haber respondido a las peticiones de la construcción y del transporte, pero aún no lo ha hecho. Estos dos sectores son los que más siniestralidad sufren en la economía española. En 2025 acumularon 164 y 93 muertes en jornada respectivamente, el 44% del total aunque juntos solo emplean al 13% de los ocupados.

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